Sobre Derechos Difusos

Categoría: Articulos Publicado el Sábado, 14 Septiembre 2013 Escrito por Super Usuario

Es decir, por lo expuesto se demuestra una vez más que la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (hoy Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento), no ha podido demostrar sobre las medidas de remediación por el consumo de agua contaminada con arsénico en las poblaciones de Tumbaco y Guayllabamba, nosotros hemos demostrado hasta la saciedad que la EMAAPQ hizo consumir supuestamente agua potable y cobró por un supuesto servicio de un líquido vital que supuestamente era apto para el consumo humano. 

La Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha conciente de que sí existió una afectación directa por el consumo de agua con arsénico en las parroquias de Tumbaco y Guayllabamba, en sentencia que no se por qué y que solamente quien suscribe y firma la misma en la parte pertinente dice: “De lo expuesto se colige que no se ha determinado de manera directa la afectación personal de los actores como consecuencia de la distribución de agua contaminada con arsénico como ha referido la parte actora, puesto que ninguno de los demandantes ha demostrado residir en las zonas que se dicen han sido afectadas y, además, las meras suposiciones o conjeturas de supuestas afectaciones a familiares no otorgan a esta autoridad ninguna certeza al respecto, tanto más que ni siquiera se ha identificado procesalmente a dichas personas, ni su lugar de residencia; y finalmente, las afectaciones de índole laboral que ha referido la procuradora común de la parte actora en esta causa, no justifican la calidad de afectada en la forma que exige la ley,…, la falta de legitimación ad causan es motivo para rechazar la demanda,…” p33 y vuelta. 

Oportunamente, ante la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y ante los órganos de Justicia respectivos, hemos venido defendiendo la salud de las poblaciones de Tumbaco y Guayllabamba, las misma que están garantizadas en la Constitución Política y la Actual Constitución de la República que nos permite en lo referente a la Biodiversidad y recursos naturales, sección primera, naturaleza y ambiente, específicamente Art. 397, numeral 1 dice: “Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio…” .

La misma Constitución de la República, nos permite haber presentado la presente acción, por cuanto oportunamente el ex Tribunal Constitucional, Tercera Sala (hoy Corte Constitucional), reconoció y por ende protegió a las poblaciones de Tumbaco y Guayllabamba, con la entrega de agua de buena calidad y apta para el consumo humano, que hasta la presente fecha se lo ha cumplido en gran parte en la población de Tumbaco, más no así en la población de Guayllabamba, en base a ese antecedente jurídico en que defendimos y defendemos a las poblaciones antes mencionadas nuestra petición fue aceptada.

Lo que hemos venido ejerciendo a nombre de las dos poblaciones es lo que conoce como DERECHOS DIFUSOS.

La Dra. Berenice Pólit Montesdeoca nos enseña en qué consiste los derechos difusos: “Su titular es una colectividad, de difícil determinación, aunque hay que precisar que si bien ella es la afectada, puede también lesionar derechos de personas en particular.

Son derechos difusos, el derecho a gozar de un medio ambiente sano, al cual todos estamos obligados a preservar sin que quepa “individualizarse” la representación del interés, porque entonces dejaríamos de hablar de un derecho difuso”.

Para abundar sobre los derechos difusos me permito citar sobre la responsabilidad objetiva por daños ambientales como mecanismo de participación para el acceso a la justicia ambiental por Ricardo Crespo que dice:  

“Muchos principios y aspectos jurídicos de derecho ambiental que plantea la Constitución de Montecristi ya fueron establecidos por la Constitución de 1998 y que junto con otras innovaciones de la nueva Carta Fundamental, como los derechos de la naturaleza, el derecho humano al agua, el principio de prevalencia a favor de la naturaleza, el principio de restauración integral, el principio de solidaridad, de subsidiaridad del Estado y la imprescriptibilidad de las acciones ambientales, entre otros que merecen ser analizados en un capítulo aparte, traerán consecuencias positivas para la justicia ambiental en el país.

Me refiero a la responsabilidad objetiva por daños ambientales y a la inversión de la carga de la prueba.  Estas dos innovaciones de la Constitución de Montecristi podrían mejorar la agilidad de la justicia ambiental en el sentido de que tanto el Estado como los particulares no estarán obligados a asumir cuantiosos costos que implican probar el daño ambiental al invertirse esta obligación procesal hacia el demandado. La impunidad ambiental en el país se mantiene en grado extremo porque los costos de las pruebas y peritajes, y la dificultad de la verificación de causa y efecto en materia de daños ambientales se han convertido en una barrera para el acceso a la justicia ambiental tomando en cuenta que en la mayor parte de casos las víctimas son personas de escasos recursos económicos.

La personalidad objetiva o de riesgo y su consecuencia, la inversión de la carga de la prueba, en materia de justicia y responsabilidad ambiental es admitida por algunos sistemas jurídicos de países como Costa Rica, Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, Alemania y otros de la Comunidad Europea, de manera que lo que se ha pretendido con la Constitución de Montecristi es actualizar  nuestro sistema procesal ambiental de acuerdo con las tendencias modernas de esta rama del derecho.

Analicemos entonces las razones jurídicas de la responsabilidad objetiva y la inversión de la carga de la prueba.

El segundo inciso del Art. 396 de la nueva propuesta constitucional dice: “La responsabilidad por daños ambientales es objetiva”.       Los Derechos Colectivos. Hacia su efectiva comprensión y protección  - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 1ra. ed.,  diciembre 2009, Quito, pp355, 356.

El analista de la responsabilidad objetiva por daños ambientales de participación para el acceso a la justicia ambiental, Ricardo Crespo Plaza en su análisis pone que para hacer efectiva dicha responsabilidad existen palabras clave:       “Principio 10, Justicia ambiental, Daños ambientales, Responsabilidad Objetiva o riesgo, Responsabilidad civil o subjetiva, Código Civil, Inversión de la carga de la prueba, Daños Difusos”       Ob. Cit., p354, lo subrayado y negrillas es mío.

Por lo tanto al existir daños difusos, también hay derechos difusos que fueron analizados oportunamente tanto en el juicio, como en el presente alegato es decir no hay impedimento alguno para poder demandar como lo hemos hecho en protección de las poblaciones de Tumbaco y Guayllabamba.

Al no aceptarse nuestra demanda como lo hizo la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, se está vulnerando a que se indemnice a dichas poblaciones por el daño causado. Al respecto Ricardo Crespo respecto a la responsabilidad de los daños ambientales se pregunta:       “¿Cómo se entiende el daño?

Para definir el daño se recurre al Código Civil que define el daño como la pérdida, menoscabo o deterioro que se causa a un individuo o a sus bienes lo cual genera la obligación de reparar según lo señala el Art. 1493 del Código Civil. Para efectos ambientales entenderíamos además que la reparación se debe adicionalmente extender a los daños ambientales que no necesariamente afecten a la persona o a sus bienes.

Además de la obligación de reparar, el Art. 1572 del Código Civil señala que los perjuicios que se deriven del daño dan lugar al pago de indemnizaciones”.    Ob. Cit. P356.

Por todo lo expuesto señores Jueces solicitamos se dignen revocar la sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y se admita nuestra demanda en la calidad que comparecemos y por ende se ordene a la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (hoy Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento), responda por el daño causado a la poblaciones de Tumbaco y Guayllabamba y se le condene a que indemnice a dichas poblaciones.  

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