Participación ciudadana

Categoría: Articulos Publicado el Domingo, 18 Mayo 2014 Escrito por Super Usuario

Participación ciudadana en el manejo ambiental

 

Ing. Katerine Endara

 2008

 

Siendo que el control del manejo ambiental es muy complejo y diversificado, la participación ciudadana se convierte en una herramienta fundamental para ello, pues al ser ésta la interesada en mantener el ambiente, porque le causa daño o le limita su producción, etc.,  tiene la motivación suficiente para supervisar y denunciar agresiones ambientales. Por lo tanto el Estado debe garantizar de alguna manera el éxito de esta labor que recae en la ciudadanía. El problema principal está en el financiamiento, cuya falta entorpece grandemente los procesos de seguimiento, y desestimula a los potenciales controladores ciudadanos.

 

Actualmente están vigentes las veedurías, que lamentablemente no se consolidan justamente por esta falta de auspicio. La gente que voluntariamente, frente a un daño ambiental, se organiza en veedurías, al poco tiempo comprueba que no puede ir muy lejos, y que al contrario de lo propuesto es utilizada por las mismas autoridades o empresarios,  para avalizar y legitimar sus acciones. Ocurre que su accionar es muy limitado: no acceden a la información que se requiere “ver”, porque les enredan en procedimientos burocráticos, para finalmente decir que no pueden entregarles, tal o cual información, que justamente es la que se busca; tampoco pueden generar pruebas de incumplimiento, son costos, muchas veces altos, y tampoco pueden difundir información, dicen que sólo al final del proceso, (claro una vez maquillado). Es decir no pueden hacer nada y para colmo no se les reconoce su tiempo y son tratados como inquisidores. 

 

Por otro lado la Defensoría del Pueblo es un saludo a la bandera, no tiene carácter coercitivo, no tiene presupuesto, no tiene abogados, es cuota política, no tiene sostenibilidad, y a la larga sucede que el pueblo está en la completa indefensión. Algo similar ocurre con la Tribuna del Consumidor, son pantallas que tratan de recoger el principio de protección del Estado al Pueblo, pero en realidad no garantizan los derechos consagrados en la Constitución, no pueden hacerlo.

 

El trabajador público, o cualquier ciudadano, inmersos en procesos donde se atisba (o se está seguro de) la existencia de corrupción, o de daño ambiental, no actúan por varias razones. Descontando que no son partícipes de la corrupción, son indolentes o son temerosos, y ambas razones porque no hay garantías para aquel que se atreva denunciar en contra de las autoridades o patronos, es una cuestión de sobreviviencia y esclavitud.

 

Entonces el Estado debe proporcionar al ciudadano que tiene interés en controlar el ambiente, en participar de su gestión, las facilidades y herramientas. Una naturalmente el acceso a la información sin discriminación, que si existen sistemas de información pública, el control es mucho más ágil. Otra es el financiamiento, el Estado deberá asignar partidas a las veedurías o ciudadanos controladores, por proyecto de análisis, etc., con controles por supuesto, pero debe sustentar la iniciativa; incluso se debería pensar en incentivos económicos, tal que si se logra demostrar el delito ambiental, etc., y se procede a corregir, procurando un beneficio a la comunidad, debería premiarse económicamente a la veeduría. Existen beneficios colaterales también aparte de mejorar el control ambiental, se procura trabajo a mucha gente, se comparte responsabilidades, se involucra a la ciudadanía, se organiza, etc., lo cual a mediano y largo plazo es fundamental para el desarrollo de un pueblo.

 

La ley ambiental prevé ahora un incentivo económico para quien denunciara daño ambiental, equivalente al 10% de las indemnizaciones sancionadas. La intención es loable, sin embargo no es real que se estimule, porque resulta que el ciudadano que denunciara cualquier daño ambiental, deberá financiar todo el proceso hasta demostrar que existe delito y que proceden indemnizaciones, costos en muchos casos muy por encima de sus posibilidades, y en este caso se suspenden procesos o iniciativas, y el ambiente recibirá el daño, y por tanto la comunidad, el delito quedará en la total impunidad.

 

El Estado deberá garantizar el financiamiento de las causas procesales ambientales calificadas, financiamiento que podrá ser reembolsado de este 10% incluso. Podrá constituirse un Fondo para el manejo de este tipo de demandas ambientales, y al cual tenga acceso el ciudadano. Por ejemplo en el caso de la contaminación con arsénico a la población de Tumbaco y Guayllabamba, no puede ser que el derecho a la salud de más de 60 mil personas se reivindique a expensas de la buena voluntad, posibilidades económicas, etc.,  de dos o tres personas.   

 

Por otro lado, la impunidad en delitos ambientales se presenta también porque no existen regulaciones claras en la imputación de responsabilidades, existe una total confusión y facilidad para evadir responsabilidades. Como el caso de la contaminación a la población con arsénico, de responsabilidad municipal; responsabilidad que ha sido transferida al Ministerio de Salud Pública, quien está liderando el proceso de recuperación y preservación  de la salud de la gente afectada por el consumo de agua con arsénico, sin embargo no se avanza porque no hay financiamiento, no hay experiencia y las instancias burocráticas son inerciales y pasivas. Así es diluida cualquier expectativa ciudadana de reivindicar sus derechos atropellados, que ya fueron descubiertos parcialmente, a pesar de las campañas publicitarias municipales para desinformar a la población. La población no conoce con exactitud sus derechos, no identifica al responsable con claridad, se confunde y se deja engañar sobre las consecuencias de su inacción. El Estado deberá procurar al ciudadano la información verídica y no permitir la desinformación, como primer paso para evitar la impunidad.

 

Finalmente, existen los pasivos ambientales, y el Estado debería liderar procesos legales de demanda por daño ambiental, en la amazonía por ejemplo no hay compasión siquiera, no puede quedar esto en la impunidad y no sólo eso, la gente allí y la biota, siguen siendo víctimas de la contaminación, agresión, y daño ambiental. Quién curará a tantos envenenados en la amazonía, por beber agua con los tóxicos que no fueron removidos de las descargas de la industria petrolífera?  Si los costos ambientales son parte contractual de las grandes inversiones, entonces se reducirá grandemente estas demandas y perjuicios al ambiente.

 

 

El Estado deberá garantizar la viabilidad de la participación ciudadana en el control y manejo ambiental. Proveerá financiamiento, orientación e información para el desarrollo del control y gestión ambiental por parte de la ciudadanía. 

 

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