Derecho Ambiental

Categoría: Articulos Publicado el Domingo, 08 Septiembre 2013 Escrito por Super Usuario

Se publica para conocimiento de la comunidad, el escrito presentado ante la Corte Provincial de Pichincha, para insistir en la apelación por fallar a favor de la Empresa de Agua Potable de Quito en el caso del “agua con arsénico vendida como potable”, al haberse negado la demanda por falta de derecho de los actores, por no considerarlos directamente afectados por la ingesta de agua con arsénico.

Creemos que “no se necesita legitimidad para defender los derechos propios o ajenos”, si fuera así, no se podría defender a los niños agredidos por sus padres, a las mujeres violadas o acosadas, a los trabajadores explotados, al vecino que es atacado por un delincuente. Si fuera necesario que el agredido deba autorizar primero antes de actuar, probablemente nadie acudiría en defensa de nadie. Ni tampoco se podría hablar de defender el ambiente, porque después de todo no nos lo ha pedido ni autorizado.

Creemos que no es necesario sufrir la agresión para tener derecho al reclamo, muchas veces el afectado no está en condiciones de defenderse a sí mismo, y consideramos como una obligación moral el evitar la violación de derechos humanos, aunque no sean los nuestros. Evidentemente las reparaciones e indemnizaciones son a favor del afectado o agredido, pues son ellos los que fueron menoscabados o perjudicados. 

 

Lo dicho es expresamente normado por la

 

LEY DE GESTION AMBIENTAL.

Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 1999.

TITULO VI: DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS AMBIENTALES

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, concédese acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicios de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución Política de la República.

Art. 42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los procesos penales, civiles o administrativos, previa fianza de calumnia, que se inicien por infracciones de carácter ambiental, aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos.

El Presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la afectación ambiental, será el competente para conocer las acciones que se propongan a consecuencia de la misma. Si la afectación comprende varias jurisdicciones, la competencia corresponderá a cualquiera de los presidentes de las cortes superiores de esas jurisdicciones.

CAPITULO I: DE LAS ACCIONES CIVILES

Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común y afectados directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos.

Sin perjuicios de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez condenará al responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad directamente afectada y a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Además condenará al responsable al pago del diez por ciento (10%) del valor que represente la indemnización a favor del accionante.

Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad directamente afectada o de constituir ésta el total de la comunidad, el juez ordenará que el pago que por reparación civil corresponda se efectúe a la institución que deba emprender las labores de reparación conforme a esta Ley.

En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes ordenados, el monto requerido para la reparación del daño producido y el monto a ser entregado a los integrantes de la comunidad directamente afectada. Establecerá además la persona natural o jurídica que deba recibir el pago y efectuar las labores de reparación.

Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al ambiente, se tramitarán por la vía verbal sumaria.

CAPITULO II: DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS

Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, cualquier persona natural, jurídica o grupo humano, podrá solicitar por escrito acompañando las pruebas suficientes al superior jerárquico que imponga las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar.

El superior jerárquico resolverá la petición o reclamo en el término de 15 días, vencido el cual se entenderá, por el silencio administrativo, que la solicitud ha sido aprobada o que la reclamación fue resuelta en favor del peticionario.

 

insisto en resolucion Sobre la lentitud de La justicia

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